Conclusiones del Seminario-Taller "Año 2004: Una oportunidad para las personas con discapacidad"

Tomado de: Solidaridad Digit@l/ Madrid-06/04/2004

El movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias se congratula de la receptividad de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones a la propuesta de la RIADIS de que el Año 2004 fuera declarado Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad, celebración en cuyo éxito deben comprometerse con vigor los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, de los distintos países latinoamericanos.

La celebración del Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad no puede limitarse por parte de los gobiernos a declaraciones retóricas, bienintencionadas o a actividades aisladas, sino que ha de tener un contenido efectivo dirigido a transformar estructuralmente las condiciones actuales que hacen de la discapacidad una realidad residual en la atención pública, que no figura en las agendas políticas y en las preocupaciones sociales.

La situación de las personas con discapacidad y sus familias en Latinoamérica, caracterizada por la exclusión social más severa, la pobreza, la discriminación y la ausencia de igualdad efectiva de oportunidades, exige la adopción por los distintos gobiernos de políticas públicas enérgicas, ambiciosas y sostenidas en el tiempo que cambian estructuralmente un estado de cosas que pone en cuestión la dignidad y calidad de nuestras sociedades y sistemas de gobierno.

Pobreza y discapacidad son realidades que mutuamente se alimentan; la pobreza genera y agrava los efectos de la discapacidad y la discapacidad, en nuestros países, aboca generalizadamente a la pobreza. La discapacidad ha de introducirse como factor transversal de acción en todas las políticas, programas y planes de desarrollo humano y social que se promuevan y apliquen en nuestros países.

Las nuevas políticas públicas en materia de discapacidad que han de promoverse y adoptarse en Latinoamérica han de partir de la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y de la persona con discapacidad como un ciudadano con plenitud de derechos, con todos los efectos inherentes una concepción de este tipo.

Hay que situar la discapacidad allí donde le corresponde: en la esfera de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. La persona con discapacidad como titular de derechos. Para ello, hay que definir derechos, dotarlos de contenido material, hacerlos vinculantes y exigibles y universales y regular mecanismos eficaces y rápidos de protección y tutela que garanticen su ejecutividad. Hay que luchar contra las situaciones de discriminación que todavía padecen las personas con discapacidad y sus familias, singularmente, en ámbitos tan críticos y decisivos para la plena participación como la atención temprana, la educación, el empleo, la atención a la salud y la asistencia sanitaria, el ejercicio de derechos civiles fundamentales, las relaciones con las Administraciones, etc.

Las legislaciones sobre discapacidad en Latinoamérica se caracterizan por la dispersión, por la proliferación desmedida y por un generalizado y sistemático incumplimiento. Urge disponer de un cuadro actualizado, completo y comparativo de la situación normativa en materia de discapacidad en cada uno de los países latinoamericanos, con indicadores fiables sobre su grado de cumplimiento, para partir de ahí orientar los cambios pertinentes.

Las familias con personas con discapacidad. Se debe establecer un sistema integral de protección social de las familias que tengan en su seno a personas con discapacidad, con medidas de información, formación, respiro, atención domiciliaria y prestaciones y asistencias de todo tipo.

La democracia participativa exige que las nuevas políticas públicas en materia de personas con discapacidad se hagan con el concurso de las propias personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, participación activa y corresponsabilidad que habrá de darse en todas las fases de la decisión: elaboración, consulta, aprobación, ejercicio, seguimiento y evaluación.

La discapacidad es una realidad social y personal plural, diversa y distinta. Dentro de los grupos de población con discapacidad, hay unos determinados que soportan niveles de exclusión y factores de discriminación especialmente lacerantes, que han de constituir el objeto de atención preferente de las políticas públicas. Mujeres con discapacidad, personas con discapacidad de poblaciones indígenas, inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas, personas con pluridiscapacidad, niñas y niños con discapacidad, personas con discapacidad que no pueden representarse a sí mismas, personas con discapacidad que habitan en áreas rurales o apartadas de los centros de influencia social y económica, o que soportan estigmas sociales como las personas con enfermedad mental, estos y otros muchos grupos más, suman sobre sí además del factor de exclusión de la discapacidad otros concurrentes que multiplican los efectos de discriminación y marginación.

La plena equiparación de las personas con discapacidad y su completa emancipación social en la región latinoamericana, como en todo el mundo, dependerá de la toma de conciencia clara por parte de las propias personas con discapacidad de que han tomar por sí mismos las riendas de su vida y adueñarse de su futuro. No hay liberación sin conciencia de sí. En el plano social, esta conciencia se expresa en el trabajo conjunto y en la unidad de acción que representa el asociacionismo de personas con discapacidad y sus familias. La articulación de un movimiento asociativo vigoroso, cohesionado, respetuoso de la pluralidad, democrático en su gobierno y toma de decisiones, aliado con otros sectores y agentes sociales, es esencial para el avance de las personas con discapacidad.

El movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias en Latinoamérica, pese a muchos ejemplos de enorme mérito, presenta todavía aspectos de debilidad, fragilidad y fragmentación. Esta debilidad es especialmente acuciante en lo que se refiere a la ausencia generalizada en los países de la región de organizaciones nacionales interdiscapacidad y en el déficit de organizaciones regionales iberoamericanas por tipos de discapacidad o campos de acción.

La extensión, el fortalecimiento, la progresión y la articulación ordenada y armónica del movimiento asociativo en los países latinoamericanos debe ser un objetivo básico de acción, pues el cambio necesario y urgente en las políticas públicas y en las actitudes sociales hacia la discapacidad sólo podrá venir de la mano de las propias personas con discapacidad, que han de ser los agentes de su proceso de plena equiparación.

RIADIS es la expresión articulada y unitaria del movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias a escala iberoamericana, que tiene por objeto incidir en la toma de decisiones políticas para el avance social y la plena equiparación de las personas con discapacidad. Es una organización democrática, de base asociativa, abierta a todos los países y organizaciones iberoamericanos, de acción representativa, que realiza una labor de incidencia política.

La labor de RIADIS a escala latinoamericana precisa para un mejor resultado de contrapartes nacionales unitarias, que articulen a las distintas organizaciones de personas con discapacidad existentes en cada país, de modo que ala vez que se refuerza el movimiento asociativo nacional se amplíe la base representativa de la RIADIS.

Las organizaciones de personas con discapacidad a escala latinoamericana y los gobiernos de estos países integrados en estructuras regionales deben establecer relaciones fluidas y permanentes de acción y colaboración, creando estructuras estables que permitan ordenan esa cooperación. RIADIS saluda y deposita su esperanza en la colaboración iniciada entre la RIICOTEC y la RIADIS, que puede ser el germen de proyectos e iniciativas que mejoren las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias.

Los países desarrollados, especialmente los pertenecientes a la Unión Europea, deben reforzar sus políticas de cooperación internacional y al desarrollo en la esfera de las personas con discapacidad, incluyendo esta realidad como factor transversal de atención, condicionando la cooperación a la existencia de políticas públicas de discapacidad y a la participación en éstas de las organizaciones nacionales de personas con discapacidad, que deberán realizar el seguimiento.

Los organismos internacionales multilaterales interamericanos e iberoamericanos deben incorporar la discapacidad como cuestión prioritaria y transversal en sus agendas, de modo que desde las distintas esferas de acción multilateral existentes (políticas, cooperación, salud, empleo, justicia, derechos humanos, etc.) se desarrollen programas que inciden en la mejora efectiva de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

La RIADIS se muestra esperanzada respecto de los trabajos en curso en la ONU para la adopción de una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, para la que pide el apoyo efectivo y sincero de todos los países y gobiernos. Ha de tratarse de una convención amplia e integral, vinculante, con mecanismos de control y seguimiento eficaces, con contenidos en materia de desarrollo social y cooperación internacional.

El Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad, concretado en cada país en un plan de acción con objetivos e indicadores, ha de ser entendido como una oportunidad para el avance efectivo de las personas con discapacidad y sus familias, sentando las bases de un programa de acción intensivo a medio plazo en el área iberoamericana que contribuya a mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de estas personas. No puede ser un año que se agote en sí mismo, sino que ha de proyectarse hacia el futuro con iniciativas y logros permanentes y duraderos.

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2 de abril de 2004

Compilado por Carlos Egea García.

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