Expectativas de cambio

El vuelco político que se ha producido en España tras las elecciones de pasado 14 de marzo ha generado expectativas de cambio para todos los ámbitos. Este hecho no es ajeno al campo de la discapacidad.

Sinceramente creo que es la primera campaña política en la que he visto manifestarse a los candidatos sobre sus intenciones de actuación en el área de la discapacidad. Esto se ha producido en actos expresamente convocados para tratar sobre el tema o en entrevistas realizadas por medios interesados en la discapacidad. Pero también se ha producido en actos de carácter general o en entrevistas acerca del programa político que defendían. Es un paso cualitativo importante que no debe pasar desapercibido. Ese 9% de la población, que reflejan las estadísticas más manejadas en los últimos tiempos, ha pasado a tener un peso específico en la política española. Esos ciudadanos que conviven con la discapacidad ven ahora un interés, político, sobre su situación personal como antes no habían tenido. Este hecho, en sí mismo, ya supone un cambio sustantivo fundamental que habrá que saber gestionar.

Por vez primera entra la silla de ruedas en el hemiciclo parlamentario. (No es cierta esa noticia que recientemente leía en la que se hablaba de que por primera vez iba a haber un congresista con discapacidad. Otros ha habido con anterioridad, pero que no tenían limitada su capacidad de movimiento autónomo). Un diputado por la provincia de Toledo, conocido dirigente del movimiento asociativo antes que político, se incorpora a la Cámara Baja. Ha resultado muy curioso contemplar cómo se han tenido que realizar obras de urgencia para hacer accesible la casa de todos, el Congreso de los Diputados. Si bien es lamentable que hasta ahora no se hubiera pensado en la posibilidad de que una persona con graves dificultades de movilidad ocupara un escaño parlamentario, tratemos de ver la parte buena que tiene este acontecimiento: la accesibilidad al medio físico ha entrado en el Parlamento. Esperemos ahora que esa entrada tenga los efectos beneficiosos que muchos deseamos.

El pasado año 2003, enfundado en su camiseta de Año Europeo de las Personas con Discapacidad, fue prolífico en actos y normas relativos a la discapacidad. El impulso del Año Europeo, valorado de forma diferente según las fuentes, ha supuesto, al menos, un cambio de la óptica política sobre un grupo de población que, bajo el epígrafe general de "personas con discapacidad", demandaba una mayor atención de sus representantes políticos. Un paso que habrá que valorar con mayor perspectiva temporal pero que, de momento, podemos observar como positivo.

Normas legales y planes de actuación han aderezado el último año de la anterior legislatura.

Una nueva ley marco, complementaria a la LISMI, abre la posibilidad de abordar la discapacidad desde el foco de la igualdad de oportunidades y pone énfasis en el diseño universal, la accesibilidad y la eliminación de obstáculos como instrumento de inserción, integración, inclusión o normalización, según se quiera (tiempo habrá para que en otro artículo pueda opinar sobre esta proliferación terminológica). Todo ello siguiendo el principio de "no discriminación". Ya opiné con anterioridad sobre mi escaso interés en este tipo de normas tan específicas, aunque necesarias en los tiempos que corren. Espero que la etapa de cambio que nos toca vivir ahora haga buenas las intenciones expresadas en el texto legal y que su desarrollo y aplicación produzca los frutos deseados. El marco ya está puesto. La foto que lleve dentro va a realizarla distinta mano. Esperemos que no le falle el foco y salga borrosa. Habrá que ajustar bien la cámara y ponerla en manos profesionales. De lo contrario puede quedarse en una "simpática" foto de aficionado que sólo sirva para evocarnos buenos recuerdos.

El II Plan de Acción para los próximos años (hasta el 2007) ha sido elaborado por una administración en manos de gobierno de distinto signo político. Si desde la Administración se ha realizado bien la tarea, de forma eficiente y profesional exenta de sesgo político, no tiene porqué haber dificultades para su buena ejecución. Romper con todo lo anterior y partir de cero es práctica habitual en los ámbitos políticos. Pero no debemos vivir de espaldas a nuestra propia historia. Lo que ya se ha realizado debe servir de base y apoyo para el impulso de las nuevas actuaciones. Si, por el contrario, olvidamos el trabajo realizado tendremos que poner a cero las manecillas de nuestro reloj y perder un tiempo precioso que jamás podremos recuperar. Si los funcionarios (profesionales a fin de cuentas) han realizado correctamente su trabajo, éste ha de ser respetado como lo que es.

El mercado de trabajo para las personas con discapacidad ha sido, sin duda, el campo más prolífico en iniciativas gubernamentales en el último ejercicio. Un Plan de Empleo y distintas normas legales han sido puestos en marcha muy recientemente. El acceso al empleo (particularmente en el ámbito público), los incentivos económicos por la contratación de personas con discapacidad y la jubilación anticipada de éstas han sido recogidos en textos legales y documentos profesionales. Su correcta aplicación, favoreciendo la igualdad de oportunidades, depende ahora de un nuevo gobierno sustentado por un partido que se precia de su talante social. Hora habrá de analizar con detalle y valorar objetivamente su desarrollo y aplicación. Abogamos ahora por que esto se haga con enfoque integrador y no en tono paternalista.

La accesibilidad, en sus distintas vertientes, y el diseño para todos o universal (algo sobre lo que también habrá que hablar en otro momento) son otro de los campos en los que más se ha trabajado, sobre el papel, en el pasado político más reciente. Destacamos, como muy relevantes, la inclusión de criterios de accesibilidad en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, así como el I Plan de Accesibilidad, que se prolongará hasta el año 2012. Mimbres para hacer un buen cesto hay. Ahora la mano artesana del cestero tendrá que tejer la urdimbre que no deje huecos por los que se nos derrame el contenido. Amén del respeto a la filosofía de crear un mundo para todos, la dotación económica que habrá de acompañar a las iniciativas legales es especialmente relevante en este apartado.

Sobre la educación se han cernido nubes y claros que no han dejado a todos muy contentos. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación, ahora puesta en cuestión, no ha dejado bien resueltos muchos de los aspectos que afectan a las necesidades educativas especiales por discapacidad. Su desarrollo normativo ha recibido disparidad de opiniones y ha sido muy contestada desde su proceso de elaboración. La máxima norma reguladora de la educación universitaria (la Ley Orgánica de Universidades) dejó en manos de los estatutos universitarios la aplicación de los criterios de integración en este ámbito educativo. Estatutos y reglamentos universitarios están apareciendo de forma continua durante los últimos meses y en ellos se recoge, de forma diversa, el compromiso de incorporación, en igualdad de oportunidades, de los estudiantes universitarios con discapacidad. El sector educativo, en lo que se refiere a sus estudiantes con alguna discapacidad, será de los que más haya que trabajar. No ha parecido quedar contento el grueso de la comunidad educativa y esto es algo con lo que siempre se debe de contar.

En materia sanitaria no se ha sido especialmente prolífico. La ardua tarea de transferir las competencias ha consumido los esfuerzos gubernamentales. Pero no seríamos justo si dejamos de mencionar la aparición de una norma sustantiva que, en materia de discapacidad, sí ha realizado aportaciones importantes. Me refiero a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Sanidad. Esta norma contempla los principios de no discriminación en razón de discapacidad y hace aportaciones en materia de accesibilidad a los establecimientos sanitarios que no son nada desdeñables. Un producto de muy próxima aparición son las "Directrices para la mejora de la accesibilidad en hospitales y centros de salud" que habrá de servir de herramienta a los gestores de los recursos sanitarios para favorecer la equiparación de oportunidades en el acceso a la sanidad pública por parte de las personas con determinadas limitaciones. Otra cosa será su aplicación en un régimen administrativo descentralizado y transferido. Pero ya nadie se podrá ocultar tras la mascara de la ignorancia.

El casi seguro Presidente del nuevo Gobierno ha expresado, no sólo en campaña sino también en sus primeras declaraciones como ganador de las elecciones, su deseo de dar prioridad al tratamiento de la discapacidad. Su interés en el tema le ha llevado a avanzar su intención de crear una Secretaría de Estado relativa a la discapacidad. A priori, parece una buena iniciativa. Sobre ella se han recogido informaciones que apuntan a la posibilidad de que se enmarque en un Ministerio sectorial (el competente en asuntos sociales) o que lo haga en un Ministerio intersectorial (el de Presidencia). En mi opinión, debería ser en este último donde se ubicara. La vinculación de la discapacidad con los servicios sociales (asuntos sociales o política social, según queramos llamarlo) no me parece correcta. La discapacidad, como podíamos ver más arriba, tiene sus vínculos con temas de índole sanitario, educativo, laboral, del medio físico, de las tecnologías, etc. Como funcionario que soy, sé de las graves dificultades que existen para que desde un organismo sectorial se pueda incidir en otro. Esta dificultad se puede ver, de alguna forma, soslayada por la amplitud que puede proporcionar un Ministerio como el de Presidencia, sin que esto suponga la exclusión de cualquier tipo de problemática. Es sólo mi opinión que expreso en voz alta, aunque sepa de su poca repercusión real.

Llego al final con algo que sinceramente me preocupa: la poca relevancia que viene teniendo en los ámbitos políticos la prevención de las deficiencias. Es bien cierta la importancia que tiene la atención de la discapacidad presente. También somos testigos de impactantes campañas publicitarias que tratan de evitar los estragos que producen accidentes de tráfico o laborales. Conocemos la amplia difusión de los calendarios de vacunación infantil o la extensión de ciertos controles médicos en la edad adulta para prevenir enfermedades arteriales o cardiovasculares. Pero la carencia de un plan sistematizado y con claros objetivos, la poca inversión en la investigación, el voluntarismo en materia formativa y otros factores hacen poco alentador el panorama de la prevención de deficiencias. Considero que no dar prioridad a la prevención en las estrategias de gobierno es perjudicial, ya que corregir el daño nunca puede igualar al beneficio que supone evitar dicho daño. En una sociedad que trata de prevenir los efectos nocivos del tabaco o poner coto a los efectos de la droga en la población juvenil, parece extraño que no se ponga más lumbre en este hornillo para evitar los nacimientos con malformaciones congénitas, para controlar los embarazos de alto riesgo en adolescentes o para prevenir las deficiencias en la mayor edad, entre otras cosas. La inversión en prevención, y no hablo sólo de la económica, es la más rentable que podemos hacer en materia de discapacidad. Abogo desde aquí por una firme apuesta en favor de la prevención como estrategia prioritaria.

Tiempos de cambio se nos avecinan. Nuestras expectativas, como casi siempre, son optimistas. Es posible que el marco general de la discapacidad nunca haya presentado un mejor aspecto. Ahora veremos como sale esa foto que pensamos poner en tan favorecedor marco.

Carlos Egea García
31 de marzo de 2004

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